La suerte no acompaña a los 4.500 administradores de loterías que estos días han comenzado una campaña de movilizaciones para defender su estatus. Con este objetivo, convocaron su primera huelga el pasado 24 de noviembre, y amenazan con manifestaciones y pancartas en días sucesivos. Todo ello a pocas semanas de la celebración del popular Sorteo de Navidad.

Temen que el Gobierno pretendan privatizar Loterias y Apuestas del Estado (LAE), como ya ocurre en otros países europeos. Y pasarían a ser gestionados por un operador o varios, así como la desaparición del décimo de Lotería Nacional y, como "primer paso", de la venta del mismo en formato de ticket, a través de terminales automáticos.

Las principales críticas de los loteros hacia la Administración vienen por lo que denominan una progresiva privatización del sector y la llegada de nuevos competidores que pueden acabar con el monopolio en la venta de la Lotería Nacional. Concretamente, son tres los problemas a los que se enfrenta este colectivo: los productos, Internet y sus propios contratos.

En cuanto a los productos, los actuales loteros tienen la exclusividad de la venta de la Lotería Nacional, al contrario que los restantes 7.000 puntos de venta mixtos (caso de los bares) que venden solo los productos por terminal (quinielas, lotería primitiva…). Sin embargo, el Gobierno ha amenazado con que la Lotería se pueda vender también en terminal a partir del próximo marzo mediante un ticket, lo que ha soliviantado al sector. Para los loteros, este cambio no asegura una mayor distribución y sí representará la pérdida de la fisonomía tradicional del décimo, además de una merma considerable en los ingresos para las administraciones.

El segundo problema al que se enfrentan es el de la distribución. Con la reforma que está cocinando el Gobierno, Loterías y Apuestas del Estado (LAE) podrá contratar con grandes redes de distribución, gasolineras, supermercados, etcétera, y expandir la venta por Internet, algo que ven con muy malos ojos los loteros, que actualmente dominan este mercado y que lo pueden perder si se extiende al resto de sus compañeros.

Y el tercero es el de los contratos. Desde que LAE se convirtió en Ente público empresarial, tiene dificultades para seguir concesionando administraciones de loterías por vía administrativa, por lo que los nuevos contratos serán mercantiles cuando se realice el cambio por la Ley de Presupuestos. Los actuales tendrán la opción de quedarse en el régimen administrativo o acogerse al nuevo. LAE estaría dispuesto a hacer concesiones sobre todo en la transmisión inter-vivos o mortis-causa de los puntos de venta, algo similar a lo que se hizo con los Estancos.

Tres problemas que sacuden a un colectivo que, en la mayoría de los casos, está formado por negocios familiares con ingresos medios razonables y que da trabajo directo a más de 35.000 personas.

El problema del sector podría resumirse en:

1. Situación económica. España está entrando en unos fuertes déficits públicos que tarde o temprano se tienen que hacer frente. Ante la imposibilidad de aumentar el apartado de ingresos, las posibilidades que quedan son pequeñas. O se reduce el gasto público (menos pensiones, menos funcionarios, menor gasto etc.…) o se venden activos del Estado, tal como ocurrió en los 90 con las grandes privatizaciones de las empresas públicas. De las grandes empresas públicas “privatizables” destacaría la LAE, AENA y poco más (a ver quien quiere RTVE ). La competencia cada vez es más fuerte y la tendencia de Internet es imparable. Puede ser un buen momento de desprenderse de un activo que hará que vaya a peor.

2. La LAE se ha mantenido como un organismo público debido a la fuerte fuente de ingresos fiscales que tiene. Si el estado consigue fiscalizar los ingresos de juego, da un poco igual que sea una empresa pública o privada MIENTRAS PAGUE SUS IMPUESTOS.

3. La UE pone muchos problemas a la existencia de regulaciones en materia de juego por parte del Estado. O se prohíbe por temas de enfermedades como la ludopatía o se privatiza regulando su fiscalidad. La libertad de establecimiento en Europa obliga un poco a la legislación fiscal. Que desde el punto de vista del estado creo que es una oportunidad.

4. La existencia de competencia va a provocar un aumento recaudatorio, ya que se innovarán en nuevos tipos de juegos, promociones etc.…. El margen será menor pero habrá más apuestas.

5. Competencia de las diferentes comunidades autónomas. La legislación actual de juego en Cataluña, Madrid, País Vasco está provocando una cierta reducción en la recaudación por parte del Estado. Actualmente ya existe una competencia con la ONCE, CCAA, …

1. Pérdida directa de puestos de trabajo en administraciones de Lotería. (Recordemos que existen en la actualidad 4.250 administraciones que generan 12.000 empleos.) Esos 12.000 empleos no creo que se perdieran sino que habría reconversiones creándose nuevos.

2. Incertidumbres recaudatorias.

Por todo ello creo que en los próximos años la posible privatización de la LAE es bastante segura.